jueves, 11 de julio de 2013

No es fácil corregir la LOGSE, por Mari Carmen Carrón

El contexto cultural en que aparece la LOMCE no es independiente de la propia ley. Si queremos entender esta debemos asomarnos a aquel. ¿A qué mentalidad está intentando responder? ¿Consigue responder exhaustivamente a ella? Partamos de que la confusión de nuestro sistema educativo, de nuestra enseñanza tiene mucho que ver, aunque no sólo, con la LOGSE. Esta ley socialista modificó dos aspectos fundamentales respecto a la ley precedente que tenían un rasgo en común, la obligatoriedad escolar: por un lado, es obligatorio asistir a la escuela hasta los 16 años y, por otro, hasta esa edad, es obligatorio realizar el mismo recorrido con el objetivo de obtener el mismo título (principio de comprensibilidad). 

Pero si el Estado obliga a estas dos cosas, debe poder garantizar que son posibles. Si en un aspecto esencial como la educación, todos están obligados a permanecer el mismo tiempo para alcanzar un mismo resultado y con un sólo camino, habremos de concluir que lo que tenemos es un derecho garantizado por la ley: esta es la LOGSE. Y dado que un derecho hace referencia a algo que es debido de forma automática y obligatoria, es aquí donde se produce el equívoco que llevamos arrastrando 23 años en nuestra educación: confundiendo la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados y recorrido. Estando garantizado el puesto escolar para todos, lo estaría de la misma manera –automática y obligatoria–, cada uno de los pasos del recorrido: el derecho a aprobar cada examen, a pasar de curso, al título, etc.


Es el Estado quien obliga y quien debe garantizar dicho derecho. Pero el Estado que puede garantizar el derecho al puesto escolar, ¿puede garantizar que todos consigan llegar con buen éxito al destino?

Esta cultura automática y obligatoria se ha extendido desde 1990 y ha tenido consecuencias en padres, alumnos y profesores.

Los padres, algunos de los cuales se han educado ya en la LOGSE, exigen para sus hijos lo prometido: "¿por qué mi hijo no va a aprobar si es para todos?" Y habiéndonos convertido los padres en sindicalistas de nuestros hijos, pedimos que la escuela cumpla. Los alumnos, inconscientes de lo que pierden y afianzados en su derecho, dan un paso más desafiando al sistema hasta el punto de presumir de aprobar sin estudiar (¡estudiando, no tiene mérito!).

En cuanto a los profesores, ¿qué pueden hacer? La desconfianza se ha instaurado como juez: un número excesivo de suspensos, significa una sospecha de su capacidad de enseñar; y al revés. Por tanto, deben servir al sistema para garantizar que todo salga adecuadamente.
Ninguna mala voluntad; cada uno en su papel: protagonista, el Estado, que es el que garantiza, avala, certifica. Y da los medios.

Sin embargo, la realidad no ha parado de dejar en evidencia el grave error de esta confusión que se "ha cebado" más profusamente en la escuela estatal.

Pero cuanto más nítidamente se mostraban las consecuencias de dicho error más calaba la mentalidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque sustituía a las familias en el trabajo educativo real: aportar el significado de la vida: "¿por qué merece la pena que les hayamos traído a este mundo?".

En el momento en el cual los padres hemos perdido el norte pasando de educar a nuestros hijos a ser los defensores de sus derechos, la educación es absorbida por la escuela y garantizada por el Estado en detrimento de las familias; cuya tarea parece reducirse a trabajar para darles "todo lo que yo no he tenido". Pero esto no les educa: convierte a los padres en amigos pero deja a los hijos huérfanos.

Es la cultura basada en la invasión educativa del Estado a la que los padres han cedido su mejor parte.

Pero, luchar contra esta cultura, en la que cada uno está cómodo y en su sitio, después de 23 años, no es fácil. Por tanto, pedir que en medio de una cultura así, se acepte hoy por hoy, una ley de signo absolutamente opuesto, representa una utopía con muy pocas posibilidades de éxito. Es necesario comenzar por el principio: haciendo cuentas con la raíz de esta venenosa planta y sus abundantes ramificaciones.

En este sentido, en la LOMCE, existen algunos puntos que hacen concebir esperanzas.
Son tres los aspectos que, juntos, indican una dirección justa: la autonomía de los centros, las evaluaciones externas, el anticipo de la elección por parte de los alumnos.
¿Por qué indican una dirección adecuada?

Porque estas tres propuestas devuelven el protagonismo a la sociedad.
Los padres, que quieren lo mejor para sus hijos, valorando la calidad del centro educativo al que confiar su educación deberán basarse en algunos criterios objetivos. Para lo cual, les supondrán una ayuda las evaluaciones de diagnóstico; que son una nota acerca de los centros, pero no la única. Otra es, como se desarrolla la organización interna de cada centro educativo basada en la autonomía; porque podría suceder que esta le permitiese en pocos años mejorar sustancialmente los resultados y responder mejor a las necesidades de sus alumnos que otros centros de su zona, o incluso, más lejanos. Y la tercera es que la opción anticipada del propio recorrido hará que muchos alumnos no abandonen el sistema escolar por aburrimiento.

Los centros, que quieren responder lo mejor posible al desafío del momento de crisis, necesitarán la implicación conjunta de todos los agentes y de todos los factores en función de garantizar el éxito de su quehacer.

Los chicos, que aspiran a tener un puesto de trabajo, necesitan formarse de la mejor manera posible en una escuela que realmente haga fructificar sus potencialidades.
Así se va desplazando el protagonismo del Estado y los medios, al trabajo y la creatividad de las personas; del paternalismo estatalista a una sociedad adulta que ejerce su libertad.

Es verdad, como han dicho algunos, que esta ley no es suficiente. ¡Evidentemente, que no es suficiente! Y no lo es porque apostar por desarrollar esta nueva dirección significa una alternativa tan radicalmente opuesta a la cultura LOGSE, que incluso el propio Estado debe estar dispuesto a continuar por esta arriesgada senda. Esta ley insuficiente plantea una pregunta que mira al futuro: ¿Este paso es el primero de muchos que lo completen o es el último? Sería estúpido volver atrás. Por eso, a esta tendencia conviene estar atentos de aquí en adelante.

Comprobaremos, en las futuras campañas electorales, a quién quiere cada partido dar el protagonismo en educación: si al Estado, intentando mirar atrás; o a la sociedad civil, apoyando la dinámica introducida por esta ley y favoreciendo, cada vez más decididamente, que todos los agentes sociales puedan ejercer verdaderamente su libertad. En educación, especialmente, esto constituirá una riqueza cuya consecuencia será el crecimiento del tejido social de nuestro país.

Que los propios IES, sus profesores, orientadores, equipos directivos, puedan responder a los desafíos que tienen planteados, con creatividad, interés y trabajo, permitirá a todos los actores implicados, redescubrir el valor por el que cada uno eligió esta estupenda y necesaria tarea. Por ejemplo, la autonomía en un centro público posibilitará adaptar la F.P. a las necesidades laborales del medio en que se encuentre, preparando a sus alumnos para que puedan ser los primeros en encontrar un puesto de trabajo en las empresas del entorno. Y la colaboración con centros de iniciativa social o cooperativas de profesores de la zona ayudará a generar un protagonismo y una responsabilidad independientes del Estado y no deudores de éste.

Para que esto continúe desarrollándose sólo hay una condición: que no se frene la dinámica que esta ley ha puesto en marcha: que se confíe en la capacidad y la potencia generadora de nuestra sociedad.


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